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26 de septiembre, 2025.- La Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE) expresa su profunda preocupación ante el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, presentado en el 60.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
El informe constata el uso sistemático de la violencia sexual en centros de detención como herramienta de represión, castigo y control político. Estas agresiones afectan tanto a mujeres como a hombres detenidos por ejercer su derecho a la protesta, por su labor periodística o por defender derechos civiles.
La RIDHE advierte que este patrón representa una de las violaciones más graves y alarmantes de la crisis de derechos humanos en Venezuela.
Asimismo, la Misión confirma que el país atraviesa una crisis estructural de derechos humanos, caracterizada también por tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Estos abusos, lejos de ser hechos aislados, forman parte de una política de represión planificada y sostenida desde el poder.
El sistema de justicia permanece cooptado por intereses políticos y carece de capacidad real para investigar o sancionar a los responsables. La Misión reportó un aumento de desapariciones forzadas con incomunicación prolongada, mientras que la tortura continúa siendo un método recurrente aplicado por organismos de inteligencia y cuerpos de seguridad para infundir miedo y silenciar voces críticas.
Durante un evento paralelo organizado por RIDHE y Aula Abierta, especialistas y representantes de la sociedad civil coincidieron con los hallazgos de la Misión, subrayando que la crisis de derechos humanos en Venezuela se ha intensificado tras las elecciones de 2024 y 2025, en un contexto de protestas masivas y denuncias de fraude electoral. Se destacó la urgencia de colocar los derechos humanos en el centro de cualquier negociación y de redoblar la presión internacional frente a la gravedad de la situación.
La represión se ve reforzada por la estigmatización de la sociedad civil independiente, señalada por el gobierno como “agente extranjero” o “terrorista”. Estas narrativas justifican la criminalización de ONG y defensores, mientras leyes restrictivas con disposiciones vagas limitan la libertad de asociación y consolidan un clima de miedo.
El informe también registra los ataques contra instancias internacionales, incluyendo restricciones a la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela y descalificaciones de altos funcionarios contra sus representantes. Esta actitud refleja la negativa del gobierno a cooperar con mecanismos internacionales y la urgencia de una estrategia internacional más firme y coordinada.
El encuentro resaltó la necesidad de garantizar justicia y reparación a las víctimas de violencia sexual, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, así como de fortalecer los mecanismos de protección de derechos.
“Venezuela vive un momento crítico que no admite indiferencia”, advirtieron los organizadores. “La comunidad internacional tiene la responsabilidad de acompañar a la sociedad civil venezolana y exigir garantías reales que permitan frenar la represión y restablecer la democracia”.
La RIDHE recuerda, en línea con lo señalado por el Alto Comisionado de la ONU, que estas violaciones constituyen posibles crímenes de lesa humanidad. Mientras no existan condiciones mínimas de independencia judicial en el país, la vía internacional sigue siendo el único recurso capaz de ofrecer justicia y reparación a las víctimas.
Reitereamos que la situación en Venezuela responde a un sistema de represión planificado que erosiona la dignidad humana y destruye el Estado de derecho. Nuestra misión es acompañar a la sociedad civil venezolana, amplificar las voces de las víctimas y exigir que la comunidad internacional asuma su responsabilidad de actuar con decisión. No habrá democracia posible sin verdad, justicia y garantías plenas para todas las personas en Venezuela.
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