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Según reporta el Sistema Universal de Derechos Humanos (SUDH), existen en la actualidad más de 5 mil Pueblos Indígenas, a los que pertenecen 476 millones de personas (aproximadamente un 6,2% de la población mundial), viven en más de 90 países de todas las regiones y hablan más de 4.000 lenguas.
Por otra parte, uno de cada cuatro personas en América Latina y el Caribe se identifica como afrodescendiente, conformando la minoría más invisibilizada de la región con alrededor de 133 millones de personas, del total 34 millones están en edad escolar.
Entre los problemas que enfrentan las personas afrodescendientes se encuentran la violencia policial y la criminalización y encarcelamiento desproporcionados; su acceso limitado a una educación de calidad, atención médica y otros servicios sociales; y las infracciones por parte de Estados y agentes privados de los derechos de propiedad colectiva de los pueblos tribales.
La discriminación histórica en contra las comunidades pertenecientes a Pueblos Indigenas y Afrodescendientes es una historia de lucha: supuso inicialmente su negación como seres humanos y sujetos de derechos. Posteriormente, en el proceso de formación de los Estados, fueron excluidos de la definición y materialización de leyes y políticas relacionadas con sus derechos individuales y colectivos como pueblos étnicos.
Más recientemente fueron víctimas de conflictos armados y en la actualidad continúan enfrentando las consecuencias de las actividades extractivas impuestas en sus territorios.
Este proceso histórico vulneratorio se ha traducido en el despojo de territorios ancestrales, en la falta de participación, consulta y representación en las instituciones democráticas, junto con la ausencia de una perspectiva intercultural de las instituciones estatales que considere las cosmovisiones de los pueblos indígenas y afrodescendientes tribales.
Los órganos del SIDH han resaltado la especial conexión que poseen los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes con sus territorios y recursos naturales; un vínculo que condiciona su propia existencia y mediante el cual se forjan y reproducen diversas prácticas y tradiciones que conforman las cosmovisiones de estos colectivos. Este vínculo requiere medidas especiales de protección y debe tenerse en cuenta al analizar otros derechos, como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
