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En el marco de la 18ava. sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Red Internacional de Derechos Humanos en Europa (RIDHE), junto a la Plataforma de Pueblos Indígenas de Nicaragua y la Red de Mujeres Indígenas, presentó una denuncia urgente sobre la regresión sistemática y estructural de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua.
Es en este marco, que la Directora de Programas para América Latina Winnye Bernard, denunció la reciente Reforma Constitucional en Nicaragua, aprobada en noviembre de 2024 y ratificada en enero de 2025. Indicó que representa un retroceso severo que debilita la autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur, hogar de más de 300 comunidades indígenas y afrodescendientes organizadas en 23 territorios titulados bajo la Ley 445 sobre Régimen de Propiedad Comunal.
En su intervención en el principal foro de derechos de pueblos indígenas del mundo, Bernard dijo que el nuevo Artículo 132 en el país, concentra el poder en la figura presidencial, subordinado los órganos regionales y municipales a una co-presidencia que elimina la autonomía funcional de los Gobiernos Territoriales y Consejos Regionales, contraviniendo la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Adicionalmente, la reforma viola derechos fundamentales como la propiedad comunal, la gestión de recursos naturales, la identidad cultural y el derecho al desarrollo con pertinencia territorial y cultural.
Esta situación ha agravado las condiciones de vulnerabilidad, especialmente para mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes, quienes históricamente han sido discriminadas y enfrentan mayores riesgos de violencia, exclusión y criminalización. Se documentaron 14 casos específicos que evidencian amenazas a su vida, seguridad y participación política.
La RIDHE también denunció el aumento de violaciones a derechos humanos, que incluyen más de 110 casos de despojo territorial, invasiones ilegales, desplazamientos forzados, criminalización de liderazgos indígenas y afrodescendientes, y un patrón de impunidad que profundiza la crisis humanitaria.
Bernard finalizó su intervención con varias exigencias al Mecanismo de Expertos y a la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para que insten al Estado nicaragüense a:
Derogar o revisar las reformas constitucionales que vulneran la autonomía y derechos colectivos.
Garantizar la consulta previa, libre e informada, conforme al Convenio 169 de la OIT y estándares internacionales.
Realizar una visita in situ o misión internacional independiente para evaluar las condiciones de vida, seguridad y derechos de las comunidades.
Detener la criminalización de liderazgos y defensores territoriales, especialmente mujeres indígenas y afrodescendientes, e investigar con debida diligencia la violencia y despojo de tierras.
“Este retroceso no solo amenaza derechos fundamentales, sino la existencia misma de estos pueblos como sujetos colectivos de derecho”, denunció RIDHE.
La RIDHE trabaja desde hace más de una década desde una perspectiva de derechos humanos junto a pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina, acompañando procesos de defensa territorial, fortalecimiento organizativo y denuncia internacional. Promueve el acceso a la justicia, el reconocimiento de sus derechos colectivos y la protección de mujeres y niñas frente a la discriminación histórica y la violencia estructural.
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