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Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) desempeñan un papel esencial en la resolución pacífica de conflictos en América Latina, especialmente en sociedades muy desiguales, donde ayudan a las personas a hacer valer sus derechos, apoyan a las minorías en su lucha y refuerzan la acción de las personas defensoras de derechos humanos (PDDH).
Su papel en la promoción del acceso a la justicia es cada vez más importante en la región, donde ha aumentado el nivel de conflictividad social y política.
Desafortunadamente, algunas organizaciones que operan a nivel local, se enfrentan a obstáculos para obtener financiación, y carecen de los recursos humanos y a veces de la capacidad técnica para responder a las necesidades de la población.
Desde la crisis de COVID 19, la región ha experimentado un agudo estancamiento económico, que ha incrementado la pobreza, provocado una distribución regresiva de la renta simultánea a la caída del PIB, el desmantelamiento de los servicios públicos y su privatización, altos niveles de corrupción en un entorno de impunidad, violaciones de los derechos humanos, el aumento de las tendencias autoritarias, la persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos, la represión de la protesta ciudadana, y la extensión de la guerra jurídica que fomenta la polarización y la violencia política.
Además, en algunos países de la región, las organizaciones enfrentan crecientes restricciones impuestas por los Estados para obtener recursos financieros, materiales y humanos, como parte de un ataque a su espacio de actuación.
En este contexto, su papel es fundamental para vislumbrar los cambios necesarios, evitar el deterioro del planeta, reconocer la protección de los seres vivos y los derechos humanos.
Urge garantizar la supervivencia de las organizaciones y reforzar su capacidad de respuesta y reacción ante las múltiples crisis que sufre la población.
